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El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla general goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
La prisión preventiva se refiere a la detención de una persona sospechosa de un delito antes de que se celebre su juicio.
Esta solicitud debe contener información detallada sobre la persona buscada, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia y el delito por el cual se le acusa o se le ha condenado.
En Grecia, la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica en casos en los que se presume que una persona ha cometido un delito y existe el riesgo de que evada la justicia o de que obstaculice la investigación.
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Además, es importante destacar que la extradición no se concede si la persona buscada ha sido juzgada y absuelta por el delito por el cual se le acusa o se le ha condenado. De igual manera, si la persona buscada ya ha cumplido su condena por el delito, no se puede conceder la extradición.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan have a peek here dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
Esta disposición se encuentra en el artículo sexto de dicho tratado que dice: “La extradición no será acordada si la persona reclamada tiene la nacionalidad del Estado requerido. La calidad de nacional se aprecia en la fecha de la comisión de los hechos”.
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los weblink buscan.
Que exista un tratado de extradición o una convención internacional en la que ambos países sean signatarios
Si la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición, se lleva a cabo una última audiencia en la cual el juez de distrito determina si los requisitos formales están satisfechos y si la persona a extraditar consiente en ser entregada. Conclusiones
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En Irlanda, la prisión preventiva se rige por la Ley de Justicia Penal de 1967. Esta ley establece que la prisión preventiva solo se puede conceder si el juez cree que hay una alta probabilidad de que el sospechoso no se presente ante la corte o que pueda interferir con la investigación del caso.
Con base en esta concept central, la autora se sumerge en el estudio de la extradición a través de cinco grandes capítulos que abordan la difícil tarea de crear leyes modelo de extradición que reúnan las principales tradiciones jurídicas en la materia, y permitan una armonía plena entre los tratados internacionales, el derecho interno de los Estados, y el respeto de las garantías individuales del sujeto reclamado.
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